Defienden las administraciones que los radares no tienen fin recaudatorio y que se ubican para velar por la seguridad en las carreteras. Una aseveración que es difícilmente defendible cuando nos enteramos de casos como el que ocurre en la población vallisoletana de Simancas. Una empresa privada ha ubicado un radar móvil en dicho distrito y, el dinero resultante, se reparte entre dicha empresa y el Ayuntamiento.

Este dispositivo que controla la velocidad se ha ubicado, en concreto, en el Camino Viejo y en la carretera de Pesqueruela. En sólo una semana ha fotografiado a 200 conductores: la recaudación, que sumará importante pico, se reparte a partes iguales entre la empresa y la Administración. Así, una entidad privada, con el consentimiento del Ayuntamiento, se está enriqueciendo a costa de los bolsillos del contribuyente. Ni qué decir tiene la falta de moral del asunto. El pillaje del sector privado, en una España asolada por la crisis, no sólo es permitido por las autoridades, sino que también ellas sacan beneficio a fin de llenar las arcas.

Si esta práctica empieza a ser generalizada, puede convertirse en la ruina de los conductores. Una empresa privada jamás velará por la seguridad: su único objetivo, como dicta el sistema económico por el que nos regimos, es el de enriquecerse. Esto se traducirá en radares colocados estratégicamente para ‘sacarnos los cuartos’ independientemente de la peligrosidad del tramo. Algo que, por desgracia, ya ocurre con muchos de los dispositivos que pueblan la geografía vial española.

¿Realmente nos van a seguir vendiendo que su fin no es recaudar dinero?

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